La Federación Argentina de Iglesias Evangélicas (FAIE), ante la repercusión del debate sobre el tema de educación sexual en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y la presentación de un proyecto de ley nacional sobre el mismo tema, hace la siguiente declaración, con el propósito de establecer principios para la reflexión y el diálogo. Lo hacemos reconociendo la dignidad e importancia vital de la sexualidad, cuya forma de resolución condiciona necesariamente la totalidad de la vida; razón por la cual la educación sexual nunca estuvo ausente en nuestras escuelas, como parte de la realización de la plenitud humana.

Nos manifestamos realmente preocupados por la creciente ignorancia de los mínimos cuidados de la salud sexual, el alto índice de embarazos precoces y del aborto clandestino como causa de muerte entre las adolescentes, y la alta incidencia de enfermedades de transmisión sexual y patologías conexas. Por otro lado nos aflige seriamente la permanente incitación a una práctica liviana e irresponsable de la vida sexual. En grandes sectores de nuestra sociedad, menores, adolescentes y jóvenes, sólo reciben instrucción sexual fuera del hogar y fuera de la escuela (en “la escuela de la calle” que no es la mejor maestra). Por su parte, los medios de comunicación que son instrumentos privilegiados para transmitir una instrucción y educación adecuada e íntegra, actúan mayormente reflejando tan solo la realidad existente, con lo cual la afirman, cuando no la promueven intencionalmente.

Afirmamos la necesidad e importancia de una adecuada educación sexual, que provea una concepción positiva y responsable de la sexualidad, sobre la base de una información adecuada y científicamente rigurosa, con una visión humanista, para superar errores y deformaciones.

Afirmamos que la educación sexual no puede faltar en la educación escolar, si es que queremos que la educación sea realmente “para la vida”, pues es un aspecto fundamental de las relaciones humanas y de la comunidad.

Afirmamos, además, que la labor de la escuela debe estar respaldada por la “acción cultural” de madres y padres, de comunidades e instituciones, de medios de comunicación y de educación no formal, y de la acción gubernamental reforzada legalmente; para contrarrestar y mitigar el efecto negativo de “los poderes de la contra educación”.

Afirmamos que es necesaria una orientación dirigida a los propios progenitores para ayudarles a cumplir con la responsabilidad de guiar y proteger a sus hijos adecuadamente; así como la preparación en tal sentido de maestras y maestros, en quien se delega gran parte de esta responsabilidad.

Reconocemos la atribución y obligación del Estado de legislar sobre todo lo que atañe al bienestar del pueblo en su jurisdicción; a la vez que reconocemos un ámbito de decisiones y acciones privadas de las personas sobre la que no se puede legislar, sin afectar su libertad, excepto cuando ello afecte a la seguridad propia o de terceras personas (Constitución de la Nación Argentina, art. 19).

Reconocemos, asimismo, el derecho “individual de los educandos, de los padres o tutores, a la elección de la orientación educativa según sus convicciones y preferencias” (Constitución del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos, art. 23). Por lo cual consideramos que este derecho debe ser protegido, dando a los progenitores la posibilidad de no permitir la participación de sus hijas o hijos cuando consideren que se pueden ver afectados los principios sostenidos en el seno familiar. Asimismo, consideramos el derecho de las personas, lo que implica a sus padres o tutores en el caso de los menores, a recurrir libremente a la guía y el consejo de otras personas, grupos de referencia o comunidades, en cuestiones de índole religiosa, ética, filosófica o ideológica, sin que éstas le sean impuestas.

Reconocemos que no es posible una educación sexual sin una valoración ética implícita; puesto que no es real la supuesta posibilidad de una educación “éticamente neutra”, ni siquiera en las disciplinas de corte más científico, mucho menos en temas que incumben a cuestiones íntimas pero a la vez de clara significación social; que no se puede imponer en la educación pública, tanto de gestión estatal como privada, “una” ética, del sector social que sea, sin un significativo consenso. Se plantea así el dilema de los límites en que el Estado puede y debe legislar en cuestiones que implican necesariamente valores y normas éticas, y sus fundamentos ideológicos, filosóficos o religiosos.

Afirmamos, finalmente, que la resolución de este dilema, entre de la necesidad de valores en la educación y su no imposición, requiere la permanente búsqueda de consensos y acuerdos básicos, los cuales puedan expresarse en las leyes “como un mínimo de ética”. Consideramos que para ello es importante y necesario abrir espacios de diálogo, reconociendo el derecho de todos los sectores de la sociedad a procurar que sus valores se expresen en las leyes, con el debido respeto de las distintas creencias y posiciones, en una búsqueda sin imposiciones ni enfrentamientos.

Nos comprometemos, finalmente, como Federación, desde una firme convicción cristiana, dentro de la rica herencia educativa que hemos recibido, a participar positivamente en este diálogo, aportando nuestras visiones, valores y experiencia.

Dios ilumine a nuestras legisladoras y legisladores.